Resolución número 052 de 1983, por la cual se confiere el carácter legal de resguardos a las tierras reservadas en beneficio de las Comunidades Indígenas Achagua y Piapoco que actualmente las ocupan a título posesorio, unos terrenos ubicados en el municipio de Puerto Lopez, departamento del Meta y se modifica una resolución - 10 de Junio de 2013 - Diario Oficial de Colombia - Legislación - VLEX 440677150
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Resolución número 052 de 1983, por la cual se confiere el carácter legal de resguardos a las tierras reservadas en beneficio de las Comunidades Indígenas Achagua y Piapoco que actualmente las ocupan a título posesorio, unos terrenos ubicados en el municipio de Puerto Lopez, departamento del Meta y se modifica una resolución

Texto Original (Diario Oficial de Colombia) Citas 8 Citado por Relacionados
Vincent
EmisorEstablecimientos Públicos - Instituto Colombiano de la Reforma Agraria
Número de Boletín48817

La Junta Directiva del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, en uso de sus facultades legales y estatutarias, y

CONSIDERANDO:

Por medio de la Resolución número 065 del 13 de junio de 1979, esta junta sustrajo del régimen de colonización especial las áreas extinguidas del derecho de dominio privado en los predios denominados El Turpial y La Victoria, en jurisdicción del municipio de Puerto López, departamento del Meta, y constituyó sobre ellas sendas reservas especiales con destino a los indígenas Achagua y Piapoco que en la actualidad las ocupan. Dicha providencia fue aprobada por el Gobierno Nacional, según Resolución número 204 del 21 de agosto de 1979.

La figura legal del resguardo tiene una tradición enmarcada dentro de un ordenamiento jurídico más definido, lo que hace posible para las comunidades indígenas la protección legal de las tierras otorgadas con dicho carácter. Igualmente permite el desarrollo de las formas comunitarias de los territorios tradicionalmente ocupados por dichas comunidades y es compatible con sus propias organizaciones sociales, usos y costumbres.

Los artículos 2º y 11 de la Ley 31 de 1967, establecen la obligación que tiene el Estado de reconocer a las comunidades indígenas del país, el derecho individual o colectivo, sobre las tierras tradicionalmente poseídas por ellas y adelantar programas sociales, económicos y culturales, tendientes a mejorar sus niveles de vida.

Ha sido política de los gobiernos colombianos, reconocer a los indígenas el derecho sobre la tierra, en calidad de resguardos, por cuanto esta forma legal se amolda más a las condiciones sociales de estas agrupaciones. Así lo plasmó el...

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