Acuerdo número 31 de 2017, por el cual se constituye el Resguardo Indígena Nasa We 'sx Kiwe La Gaitana, sobre un (1) predio del Fondo Nacional Agrario y terrenos baldíos localizados en jurisdicción del municipio de Florencia, departamento de Caquetá
| Emisor | Unidades Administrativas Especiales - Agencia Nacional de Tierras |
| Número de Boletín | 50368 |
El Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), en uso de las facultades legales, en especial de las conferidas por el artículo 2.14.7.3.7, del Decreto Único Reglamentario número 1071 de 2015, numerales 1 y 16 del artículo 9º del Decreto 2363 de 2015 y,
CONSIDERANDO:
A) COMPETENCIA
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Que los artículos 7º y 8º de la Constitución Política establecen el deber del Estado de reconocer y proteger la diversidad étnica, cultural de la Nación colombiana.
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Que conforme a los artículos 63 y 329 de la Constitución Política de 1991, los resguardos indígenas son propiedad colectiva en favor de los cuales se constituyen, tienen el carácter de inalienables, imprescriptibles e inembargables.
Los resguardos son una institución legal y sociopolítica de carácter especial, conformada por una o más comunidades indígenas, que con un título de propiedad colectiva goza de las garantías de la propiedad privada.
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Que el Estado Colombiano ratificó el convenio 169 del 27 de junio de 1989 sobre "Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes", aprobado por el Congreso de la República mediante Ley 21 del 14 de marzo de 1991. Donde prevé que el Estado deberá reconocer a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberá tomar medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia.
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Que la Ley 160 de 1994, "por medio de la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino", en su artículo 85 capítulo XIV, faculta al Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora), al Inco-der en su momento, hoy Agencia Nacional de Tierras (ANT), para legalizar las tierras a las comunidades indígenas del territorio nacional.
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Que el inciso final del artículo 69 de la Ley 160 de 1994 señala que "no podrán hacerse adjudicaciones de baldíos donde estén establecidas comunidades indígenas o que constituyan su habitat, sino únicamente y con destino a la constitución de resguardos indígenas".
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Que de conformidad con lo dispuesto en los incisos 1º y 2º del artículo 85 de la Ley 160 de 1994, corresponde al Incora, al Incoder en su momento, hoy Agencia Nacional de Tierras (ANT), entre otras funciones, estudiar las necesidades de tierras de las comunidades indígenas, para dotarlas de aquellas indispensables que faciliten su adecuado asentamiento y desarrollo. Con tal objeto, dicha entidad constituirá o ampliará resguardos indígenas y procederá al saneamiento de aquellos que estuvieren ocupados por personas que no pertenezcan a la respectiva parcialidad.
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Que a través del artículo 1º del Decreto-ley 1300 del 21 de mayo de 2003, se creó el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), entidad que en virtud de lo dispuesto en su artículo 4º numeral 9, asumió las competencias que en materia de resguardos indígenas venía cumpliendo el entonces Incora.
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Que la Ley 1152 de 2007, "por la cual se dictó el Estatuto de Desarrollo Rural, se reformó el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural Incoder y se dictaron otras disposiciones", en el numeral 1º de su artículo 34, asignó a la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia las funciones de planificar y ejecutar los procedimientos para la constitución, ampliación, saneamiento y reestructuración de resguardos indígenas.
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Que esta ley fue declarada inexequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-175 de 2009, razón por la cual recobró vigencia la Ley 160 de 1994 y sus Decretos reglamentarios. Que en virtud de la referida sentencia, el Incoder en su momento hoy Agencia Nacional de Tierras (ANT), recobró la competencia para adelantar los procedimientos de dotación y titulación de tierras a comunidades indígenas.
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Que la Corte Constitucional, en el marco de la superación del estado de cosas inconstitucional declarado en la Sentencia T-025 del 22 de enero de 2004, en la que se refirió a la población desplazada, emitió el Auto 004 del 26 de enero de 2009, M.P Manuel José Cepeda en la cual sostuvo que "Los pueblos indígenas de Colombia, según lo advertido en esta providencia, están en peligro de ser exterminados cultural o físicamente por el conflicto armado interno, y han sido víctimas de gravísimas violaciones de sus derechos fundamentales individua/es y colectivos y del Derecho Internacional Humanitario, todo lo cual ha repercutido en el desplazamiento forzado individual o colectivo de indígenas".
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Que como consecuencia de los mandatos contenidos en la Sentencia T-025 de 2004 y su Auto 004 de 2009, ordenó al Gobierno nacional formular e iniciar la implementación de planes de salvaguarda étnica ante el conflicto armado y de desplazamiento forzado, para cada uno de los siguientes pueblos: Wiwa, Kankuamo, Arhuaco, Kogui, Wayúu, Embera-Katío, Embera-Dobidá, EmberaChamí, Wou-naan, Awá, NASA, Pijao, Koreguaje, Kofán, Siona, Betoy, Sicuani, Nukak-Makú, Guayabero, U'Wa, Chimila, Yukpa, Kuna, Eperara-Siapidaara, Guambiano, Zenú, Yanacona, Kokonuko, Totoró, Huitoto, Inga, Kamentzá, Kichwa, Kuiva.
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Que en cumplimiento del fallo de tutela número 2013-00102-00 proferido por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Caquetá, en el cual se ordena al Incoder que "... en el marco de sus competencias adelante los trámites necesarios para la reubicación de la comunidad indígena tutelante...", y del fallo de segunda instancia número 2013-00102-01 proferido por el Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo del 14 de agosto de 2013, por medio del cual se confirma la Sentencia del 22 de mayo del 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Caquetá y se ordena al Incoder hoy Agencia Nacional de Tierras (ANT) "construya el resguardo en donde se reubicará a la actora"; el Incoder realizó la compra del predio denominado La Soledad, conformado por dos globos que alcanza una extensión de 145 ha + 2980 m2. El primer predio denominado La Soledad corresponde a cincuenta (50) hectáreas y el segundo globo corresponde a las mejoras plantadas en el terreno denominado La Soledad -terrenos baldíos de la Nación- con un área de noventa y cinco (95) ha + 2980 m2.
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Que con el fin de compilar en un solo texto normativo toda la reglamentación y mejorar la seguridad jurídica del país, se expidió el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, número 1071 del 26 de mayo de 2015, en el cual la Parte 14, Título 7, precisó las competencias y obligaciones, que en su momento ejercieron el Incora y el Incoder, hoy Agencia Nacional de Tierras (ANT), con respecto a la "Dotación y titulación de tierras a las comunidades indígenas para la constitución, reestructuración, ampliación y saneamiento de los resguardos indígenas en el territorio nacional".
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Que el Decreto 2365 del 7 de diciembre de 2015 suprimió al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), ordenó su liquidación y dictó otras disposiciones.
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Que el Decreto-ley 2363 del 7 de diciembre de 2015 creó la Agencia Nacional de Tierras (ANT), fijando su objeto y estructura, definiendo en el artículo 1º su naturaleza jurídica, como máxima autoridad de tierras de la Nación.
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Que el artículo 3º del mismo Decreto 2363 de 2015 determinó que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) debe ejecutar la política de ordenamiento social de la propiedad rural, gestionando el acceso a la tierra como factor productivo, lograr la seguridad jurídica sobre esta, promover su uso en cumplimiento de la función social de la propiedad y administrar y disponer de los predios rurales de propiedad de la Nación.
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Que el artículo 4º, numerales 25, 26 y 27 del Decreto número 2363 de 2015, asignó a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) las funciones que en materia de resguardos indígenas ejercieron, en su momento, el Incora y el Incoder.
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Que el artículo 36 del citado Decreto 2363 de 2015, estableció la manera de efectuar la transferencia de los bienes del Fondo Nacional Agrario (FNA) del extinto Incoder a la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
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Que en concordancia con el artículo 2.14.7.3.7 del Decreto Único Reglamentario 1071 de 2015, culminado el trámite procesal previsto en esta norma, le entrega la competencia funcional al Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), para la expedición de la Resolución (acuerdo) que constituya, restructure o amplíe el Resguardo Indígena a favor de la comunidad respectiva.
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Por lo expuesto, el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) es competente para decidir de fondo en relación a la constitución del presente Resguardo Indígena.
B) SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE CONSTITUCIÓN
1. ANTECEDENTES
1.1. Que en desarrollo del procedimiento regulado por el artículo 7º del Decreto 2164 de 1995, hoy artículo 2.14.7.3.1 del Decreto Único Reglamentario 1071 de 2015, se presentó solicitud de constitución del resguardo Nasa We'sx Kiwe La Gaitana, la cual, el extinto Incoder, conoció en dos momentos, a saber:
La primera solicitud fue presentada el dos (2) de noviembre de 2012 por el Gobernador de la comunidad indígena Jhon Jairo Ulcue Yonda y una segunda solicitud
de constitución, presentada por el Gobernador de la comunidad Jhon Jairo Ulcue Yonda, el tres (3) de enero de 2013 (folios 3 y 5 del expediente).
En igual sentido el Tribunal Administrativo del Caquetá mediante...
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