Decreto Número 100 de 2020, por el cual se crea la Comisión Intersectorial para el departamento de La Guajira
| Emisor | Presidencia de la República |
| Número de Boletín | 51210 |
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las que le confiere el artículo 45 de la Ley 489 de 1998, y
CONSIDERANDO:
Que desde el año 2015, distintas instancias nacionales e internacionales, tales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, entre otros, se han pronunciado sobre las precarias condiciones de nutrición, salud y acceso al agua potable del pueblo Wayúu, en particular de sus niños, niñas y adolescentes, han decretado medidas cautelares y órdenes definitivas a diversas entidades nacionales y territoriales y a los organismos de control para la protección y garantía de los derechos de esta población.
Que mediante Sentencia T-302 del 2017 la Corte Constitucional declaró la existencia de un Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) en relación con la protección de los derechos fundamentales a la alimentación, a la salud, al agua potable y a la participación de los niños, niñas y adolescentes de algunas comunidades del pueblo Wayúu ubicadas en los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia en el departamento de La Guajira y ordenó la adopción de un Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación de las políticas públicas para la superación del ECI.
Que a través del Auto número 207 del 25 de mayo de 2017, la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, en respuesta a una solicitud del Departamento Nacional de Planeación, autorizó la coordinación, preparación, aprobación, expedición y publicación de un único documento Conpes para el establecimiento de una política nacional de seguridad alimentaria para la niñez Wayúu, así como para su atención en salud. En cumplimiento del mencionado auto, se expidió el documento Conpes 3944 de 2018, que contiene la estrategia para el desarrollo integral del departamento de La Guajira y sus pueblos indígenas.
Que con posterioridad a la Sentencia T-302 de 2017, se han presentado nuevas órdenes judiciales, tales como la Sentencia T-415 de 2018 y T-216 de 2019, entre otras, que involucran el actuar de diferentes entidades del orden nacional y territorial relacionadas con la garantía de los derechos fundamentales de la población en el departamento de La Guajira que deben ser armonizadas con las actuaciones estatales que se adelanten para la superación del estado de cosas inconstitucional en esa región del país.
Que el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022: Pacto por Colombia Pacto por la Equidad (PND) estableció acciones diferenciadas para la superación de la pobreza extrema en La Guajira que requieren una coordinación efectiva de varias entidades del orden nacional y territorial.
Que el Gobierno nacional, respetuoso de los fallos judiciales y consciente de la situación que se presenta en el departamento de La Guajira, considera pertinente y necesaria la creación de una comisión intersectorial que facilite, entre otras: (i) Construir de forma conjunta y articulada las acciones, los plazos y metas, así como los indicadores para evaluar el impacto de las políticas públicas actuales y las que se adopten para cumplir con las órdenes judiciales asociadas con la crisis en La Guajira; (ii) Establecer un diálogo fluido y facilitar el acompañamiento permanente del Ministerio Público en el diseño e implementación de las medidas que se identifiquen como urgentes y necesarias; (iii) Realizar la verificación de lo actuado judicialmente y constituir una línea de acción
armónica para el cumplimiento integral de las órdenes judiciales; (iv) Establecer espacios de rendición de cuentas y un cronograma para saber en qué momento se deben implementar y, (v) Hacer seguimiento a una estrategia integral de atención para el departamento de La Guajira.
Que los numerales 3 y 7 del artículo 24 del Decreto número 1784 de 2019, por el cual se modifica la estructura del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, disponen que la Consejería Presidencial para las Regiones tendrá dentro de sus funciones: "Coordinar y apoyar a las entidades competentes del orden nacional y territorial en la ejecución de políticas y el desarrollo de programas, planes y proyectos estratégicos del Gobierno nacional en territorio, atendiendo las directrices del Presidente de la República y del Jefe de Gabinete" y "Coordinar y hacer seguimiento al cumplimiento de las decisiones judiciales y de otras autoridades, que conlleven órdenes al Presidente de la República o al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y que tengan relación con las acciones que deban adelantar las regiones".
Que según los numerales 2, 3 y 10 del artículo 2º del...
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