Decreto número 398 de 2016, por el cual se designa Gobernador ad hoc para el departamento de Nariño
| Emisor | Ministerio del Interior |
| Número de Boletín | 49808 |
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, en particular las conferidas por el artículo 189 de la Constitución Política, en su condición de suprema autoridad administrativa y el artículo
66 de la Ley 4a de 1913, y
CONSIDERANDO:
Que mediante escrito del 5 de enero de 2016, el Gobernador de Nariño, doctor Camilo Ernesto Romero Galeano, se declaró impedido para adelantar actuaciones administrativas, suscribir contratos y/o convenios y, en general, para emitir decisiones definitivas en los asuntos que bajo su mandato como Gobernador del departamento de Nariño versen sobre la jurisdicción del municipio de Ipiales, Nariño, en razón a su parentesco consanguíneo en primer grado con el Alcalde del municipio citado, señor Jonás Ricardo Romero Sánchez.
Que mediante Oficio número 116 del 20 de enero de 2016 la abogada sustanciadora de la Procuraduría Regional de Nariño, señora Ximena Chaves Acosta, comunica al señor Presidente de la República que mediante auto de fecha 20 de enero de 2016 con número
de radicación RC número 003413/01/2016, el señor Procurador Regional de Nariño, doctor Perches Giraldo Campuzano, aceptó el impedimento presentado por el señor Camilo Ernesto Romero Galeano, en calidad de Gobernador de Nariño, para suscribir contratos y/o convenios, y para emitir actos administrativos de carácter particular y concreto en los que deba intervenir conjuntamente con el Alcalde Municipal de Ipiales, Nariño, en ejercicio de sus funciones públicas como Gobernador del departamento y que repercutan directamente sobre la jurisdicción de dicho Municipio durante el periodo de su mandato comprendido entre e1 1º de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2019.
Que la sustanciadora de la Procuraduría Regional de Nariño, solicitó que la Presidencia de la República designara a un funcionario ad hoc, con ocasión de la orden impartida por esa Procuraduría, a través del auto del 20 de enero de 2016, con radicación número 003413/01/2016.
Que el artículo 209 de la Constitución Política preceptúa que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento, entre otros principios, en los de moralidad e imparcialidad, este último garantizado también por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en...
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