Resolución ejecutiva número 106 de 2018, por la cual se decide sobre una solicitud de extradición - 5 de Junio de 2018 - Diario Oficial de Colombia - Legislación - VLEX 727904237

Resolución ejecutiva número 106 de 2018, por la cual se decide sobre una solicitud de extradición

Emisor:Ministerio de Justicia y del Derecho
 
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El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, y

CONSIDERANDO:

  1. Que mediante Nota Verbal número 0594 del 15 de mayo de 2017, el Gobierno de los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la detención provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano Carlos Andrés Gallo Rodríguez, requerido para comparecer a juicio por un delito federal de tráfico de narcóticos.

  2. Que en atención a dicha solicitud, la Fiscal General de la Nación (e), mediante Resolución del 15 de mayo de 2017, decretó la captura con fines de extradición

    del ciudadano Carlos Andrés Gallo Rodríguez, identificado con la cédula de ciudadanía número 82394731, quien había sido detenido el 11 de mayo de 2017, por funcionarios de la Fiscalía General de la Nación.

  3. Que mediante Nota Verbal número 0988 del 7 de julio de 2017, la Embajada de los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del ciudadano Carlos Andrés Gallo Rodríguez.

    En dicha Nota se informa que este ciudadano es el sujeto de la Acusación número CR-17-00213, dictada el 20 de abril de 2017, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, mediante la cual se le acusa de un delito federal de tráfico de narcóticos, según se describe a continuación:

    "ACUSACIÓN FORMAL

    EL GRAN JURADO EXPIDE LA SIGUIENTE ACUSACIÓN: CONCIERTO INTERNACIONAL PARA DISTRIBUCIÓN DE COCAÍNA 1. En o alrededor de diciembre de 2016, dentro de la jurisdicción extraterritorial de los Estados Unidos, el acusado Carlos Andrés Gallo Rodríguez, junto con otras personas, a sabiendas e intencionalmente concertaron para distribuir una sustancia controlada, con intención, conocimiento y razones suficientes para creer que dicha sustancia se importaría ilegalmente a los Estados Unidos desde algún lugar en el extranjero. Este delito implicó una sustancia que contenía cocaína, sustancia controlada de la Categoría II, en violación de las Secciones 959(a) y 960(a)(3) del Título 21 del Código de los Estados Unidos. La cantidad de cocaína implicada en el concierto para delinquir imputable al acusado como consecuencia de su propia conducta y la de sus cómplices, que él podía prever de manera razonable, fue de al menos cinco kilogramos o más de una sustancia que contenía cocaína.

    (Secciones 963, 960(b)(1)(B)(ii) y 959(d), del Título 21 y las Secciones 3238 y 3551 el seq, del Título 18 del Código de los Estados Unidos).

    (...) Adicionalmente en la Nota Verbal número 0988 del 7 de julio de 2017, señala para este caso que: "Un auto de detención contra Carlos Andrés Gallo Rodríguez por este cargo fue dictado el 19 de abril de 2017, por orden de la corte arriba mencionada. Dicho auto de detención permanece válido y ejecutable.

    (...) Todas las acciones adelantadas por el acusado en este caso fueron realizadas con posterioridad al 17 de diciembre de 1997...".

  4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano Carlos Andrés Gallo Rodríguez, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante Oficio DIAJI número 1587 del 10 de julio de 2017, conceptuó:

    "Conforme a lo establecido en nuestra legislación procesal penal interna, se informa que es del caso proceder con sujeción a las convenciones de las cuales son parte la República de Colombia y los Estados Unidos de América.

    Es del caso indicar, se encuentra vigente para los dos Estados la 'Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas ', suscrita en Viena el 20 de diciembre de 19881. En ese sentido, el artículo 6º, numerales 4 y 5 del precitado tratado disponen lo siguiente:

    '4. Las Partes que no supediten la extradición a la existencia de un tratado reconocerán los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos de extradición entre ellas.

    5. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas por la legislación de la Parte requerida o por los tratados de extradición aplicables, incluidos los motivos por los que la Parte requerida puede denegarla extradición'.

    De conformidad con lo expuesto, y a la luz de lo preceptuado en los artículos 491 y 496 de la Ley 906 de 2004, los aspectos no regulados por la Convención aludida, el trámite se regirá por lo previsto en el ordenamiento jurídico colombiano...".

  5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano Carlos Andrés Gallo Rodríguez, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante Oficio número OFI17-0020716-OAI-1100 del 12 de julio de 2017, lo remitió a la Sala de Casación Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

  6. Que la Sala de Casación Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia, mediante pronunciamiento del 9 de mayo de 2018, habiendo encontrado cumplidos los requisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la extradición del ciudadano Carlos Andrés Gallo Rodríguez.

    Sobre el particular, la honorable Corporación precisó:

    "6. El concepto de la Sala

    En razón a las anteriores consideraciones, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, emite concepto favorable a la solicitud de extradición del ciudadano colombiano Carlos Andrés Gallo Rodríguez formulada por el Gobierno de los Estados Unidos a través de su Embajada en Bogotá, para que responda por el cargo contenido en la Acusación CR 17-00213, dictada el 20 de abril de 2017 por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York.

    1 Artículo 3º numeral 1 literal a).

    Es preciso consignar que corresponde al Gobierno nacional condicionar la entrega a que el reclamado no vaya a ser condenado a pena de muerte, ni juzgado por hechos diversos a los que motivaron la solicitud de extradición, ni sometido a sanciones distintas de las que se le impongan en caso de una eventual condena, a desaparición forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, como tampoco a la sanción de destierro, cadena perpetua o confiscación, conforme lo establecen los artículos 11, 12 y 34 de la Carta Política.

    También debe condicionar la entrega del solicitado a que se le respeten todas las garantías debidas en razón de su calidad de justiciable, en particular a: tener acceso a un proceso público sin dilaciones injustificadas, se presuma su inocencia, estar asistido por un intérprete, contar con un defensor designado por él o por el Estado, se le conceda el tiempo y los medios adecuados para preparar la defensa, pueda presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra, su situación de privación de la libertad se desarrolle en condiciones dignas y la pena privativa de la libertad tenga la finalidad esencial de reforma y adaptación social.

    Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9º, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 5º, 7º y 8º de la Convención Americana de Derechos Humanos y 9º, 10, 14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

    Por igual, la Corte estima oportuno señalar al Gobierno nacional, en orden a salvaguardar los derechos fundamentales del reclamado, que proceda a imponer al Estado requirente la obligación de facilitar los medios necesarios para garantizar su repatriación en condiciones de dignidad y respeto por la persona humana, en caso de llegar a ser sobreseído, absuelto, declarado no culpable, o su situación jurídica resuelta definitivamente de manera semejante en el país solicitante, Incluso, con posterioridad a su liberación una vez cumpla la pena allí impuesta por sentencia condenatoria originada en las imputaciones que motivan la extradición.

    De otra parte, al Gobierno nacional le corresponde condicionar la entrega a que el país reclamante, de acuerdo con sus políticas internas sobre la materia, ofrezca posibilidades racionales y reales para que el requerido pueda tener contacto regular con sus familiares más cercanos, considerando que el artículo 42 de la Constitución Política de 1991 reconoce a la familia como núcleo esencial de la sociedad, garantiza su protección y reconoce su honra, dignidad e intimidad, lo cual se refuerza con la protección que a ese núcleo también prodigan la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en sus artículos 17y 23, respectivamente.

    Adicionalmente, es del resorte del Gobierno nacional exigir al país reclamante que, en caso de un fallo de condena, tenga en cuenta el tiempo de privación de la libertad cumplido por Carlos Andrés Gallo Rodríguez con ocasión de este trámite.

    La Sala se permite indicar que, en virtud de lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 189 de la Constitución Política, le compete al Gobierno en cabeza del señor Presidente de la República como supremo director de la política exterior y de las relaciones internacionales, realizar el respectivo seguimiento a los condicionamientos impuestos al conceder la extradición, quien a su vez es el encargado de determinar las consecuencias derivadas de su eventual incumplimiento...".

  7. Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional está en libertad de obrar según las conveniencias nacionales, concederá la extradición del ciudadano colombiano Carlos Andrés Gallo Rodríguez identificado con la cédula de ciudadanía número 82394731, para que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América, por el Cargo Uno (Concierto para distribuir cinco kilogramos o más de una sustancia que contenía cocaína, con el conocimiento y la intención de que dicha cocaína sería ilegalmente importada a los Estados Unidos desde un lugar fuera de los Estados Unidos), mencionado en la Acusación número CR-17-00213, dictada el 20 de abril de 2017, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York.

  8. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer que el ciudadano Carlos Andrés Gallo Rodríguez no se encuentra requerido por autoridad judicial colombiana y su captura obedece únicamente a los fines del trámite de extradición.

  9. Que el Gobierno nacional, en atención a lo dispuesto en el inciso 1 del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, debe exigir al Gobierno de los Estados Unidos de América que el ciudadano requerido no sea juzgado por un hecho anterior y distinto del que motiva la solicitud de extradición. De igual forma se advierte que no podrán ser incluidos hechos o material probatorio anteriores al 17 de diciembre de 1997.

  10. Que el Gobierno nacional ordenará la entrega del ciudadano Carlos Andrés Gallo Rodríguez bajo el compromiso del Estado requirente de cumplir las condiciones establecidas en el inciso 2 del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que el ciudadano requerido no será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación, sin que sea necesario hacer mención a la prohibición de imponer la pena de muerte, teniendo en cuenta que esta no es la prevista para los delitos que motivan la presente solicitud de extradición.

  11. Que al ciudadano requerido le asiste el derecho de que se le reconozca en el Estado requirente el tiempo que permaneció detenido por cuenta del trámite de extradición,

    y para acreditar esa situación, podrá solicitar la respectiva constancia a la Fiscalía General de la Nación, por ser la entidad competente para esos efectos.

    No obstante lo anterior, se advierte que tal y como ha sido costumbre, la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación remite la certificación sobre el tiempo de detención de los ciudadanos requeridos por cuenta del trámite de extradición a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores, con el fin de que el Cónsul respectivo tenga conocimiento de esa situación.

    Finalmente el Gobierno nacional, por conducto del Ministerio de Justicia y del Derecho, remitirá copia de la presente decisión a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores para los fines indicados en la Directiva Presidencial número 07 de 2005 y lo señalado por la honorable Corte Suprema de Justicia en su concepto.

    Por lo expuesto,

    RESUELVE:

Artículo 1º

Conceder la extradición del ciudadano colombiano Carlos Andrés Gallo Rodríguez identificado con la cédula de ciudadanía número 82394731, para que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América, por el Cargo Uno (Concierto para distribuir cinco kilogramos o más de una sustancia que contenía cocaína, con el conocimiento y la intención de que dicha cocaína sería ilegalmente importada a los Estados Unidos desde un lugar fuera de los Estados Unidos), mencionado en la Acusación número CR-17-00213, dictada el 20 de abril de 2017, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York.

Artículo 2º

Ordenar la entrega del ciudadano Carlos Andrés Gallo Rodríguez al Estado requirente bajo el compromiso de que este cumpla las condiciones establecidas en el inciso segundo del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que al ciudadano requerido no será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

Artículo 3º

Advertir al Estado requirente que el ciudadano extraditado no podrá ser juzgado ni condenado por un hecho anterior y distinto del que motiva la presente extradición, de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 494 de la Ley 906 de 2004. De igual forma se advierte que no podrán ser incluidos hechos o material probatorio anteriores al 17 de diciembre de 1997.

Artículo 4º

Notificar personalmente la presente decisión al interesado, a su representante o apoderada, o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse, haciéndole saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el cual podrá interponer por escrito en la diligencia o dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 5º

Una vez ejecutoriada la presente resolución, enviar copia de la misma a la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores y al Fiscal General de la Nación, para lo de sus respectivas competencias.

Artículo 6º La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.

Publíquese en el Diario Oficial, notifíquese al ciudadano requerido o a su apoderada o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse, comuníquese al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía General de la Nación y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 5 de junio de 2018.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

El Ministro de Justicia y del Derecho,

Enrique Gil Botero.

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