Resolución número 7947 de 2018, por medio de la cual se declara la urgencia manifiesta para celebrar la contratación de bienes y servicios necesarios para atender competencias a cargo del Consejo Nacional Electoral en las elecciones de Presidencia y Vicepresidencia de la República del año 2018, segunda vuelta - 6 de Junio de 2018 - Diario Oficial de Colombia - Legislación - VLEX 727905789

Resolución número 7947 de 2018, por medio de la cual se declara la urgencia manifiesta para celebrar la contratación de bienes y servicios necesarios para atender competencias a cargo del Consejo Nacional Electoral en las elecciones de Presidencia y Vicepresidencia de la República del año 2018, segunda vuelta

Emisor:Varios - Registraduría Nacional del Estado Civil
 
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El Registrador Nacional del Estado Civil, en uso de sus facultades constitucionales y legales, especialmente las conferidas por el Decreto número 2241 de 1986, el Decreto número 1010 de 2000, el Decreto 3487 del 13 de septiembre de 2007, las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, el Decreto número 1082 de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 120 de la Constitución Nacional, establece que "La organización electoral está conformada por el Consejo Nacional Electoral, por la Registraduría Nacional del Estado Civil y por los demás organismos que establezca la ley. Tiene a su cargo la organización de las elecciones, su dirección y vigilancia, así como lo relativo a la identidad de las personas".

Que la Constitución Nacional en su artículo 190, señala que "El Presidente de la República será elegido para un período de cuatro años, por la mitad más uno de los votos que de manera secreta y directa, depositen los ciudadanos en la fecha y con las formalidades que determine la ley. Si ningún candidato obtiene dicha mayoría, se celebrará una nueva votación que tendrá lugar tres semanas más tarde, en la que sólo participarán los dos candidatos que hubieren obtenido las más altas votaciones. Será declarado Presidente quien obtenga el mayor número de votos...".

Que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 207 del Código Electoral, el día 27 de mayo del año 2018, se llevaron a cabo las votaciones para elegir Presidente y Vicepresidente de la República, primera vuelta.

Que durante los días 27, 28 y 29 de mayo de 2018, se llevaron a cabo a nivel nacional los escrutinios de las votaciones efectuadas el día 27 de mayo de 2018 y a la fecha prácticamente el 97% de las Comisiones Escrutadoras Departamentales han reportado los resultados, estando pendientes únicamente los resultados de los escrutinios de los votos depositados por los ciudadanos colombianos residentes en el exterior y la consolidación que corresponde realizar al Consejo Nacional Electoral de conformidad con el artículo 6º de la Ley 163 de 1994, razón por la cual no ha expedido acto administrativo declarando los resultados de las votaciones realizadas el 27 de mayo de 2018.

Que en concepto jurídico externo avalado por la Oficina Jurídica, se establece la necesidad y obligación por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil de preparar y organizar la segunda vuelta para la elección de Presidente y Vicepresidente de la República, a realizarse el 17 de junio de 2018.

Que el anterior concepto, se fundamenta: (i) jurídicamente en las disposiciones contenidas en los artículos 120 y 190 de la Constitución Nacional, (ii) fácticamente en los resultados electorales informados a los colombianos el día 27 de mayo de 2018 (preconteo), que ubica al candidato del Centro Democrático con el 39.14% y al candidato de Colombia Humana con el 25.09% de los votos, así como en el reconocimiento público que se ha hecho por parte de los candidatos Presidenciales y sus fórmulas sobre la derrota de unos y la victoria de otros, y (iii) probatoriamente, en las actas de las Comisiones Escrutadoras Departamentales que informan el resultado de los escrutinios a nivel nacional.

Que por lo anterior, y considerando que los votos pendientes de informar en el escrutinio equivalen al 1.42%, y que históricamente el margen de error entre el preconteo y escrutinio es de aproximadamente el 0.024%, lo que no alcanza a modificar sustancialmente el resultado final de las votaciones, es viable concluir, sin dubitación alguna, por aplicación de los principios de razonabilidad y proporcionalidad, que ninguno de los candidatos a Presidente de la República obtuvo la mayoría absoluta y que se conoce a los dos candidatos con mayor votación que continúan en la contienda, de conformidad con lo establecido por el artículo 190 de la Constitución Nacional.

Que adicionalmente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la Ley 1475 de 2011, las votaciones en el exterior se deben realizar durante una semana, entendiéndose que el primer día es lunes anterior a la fecha oficial de la respectiva elección en el territorio nacional, para el caso, el día 11 de junio de 2018, por lo que es preciso adelantar la preparación y gestión de las actividades tendientes a garantizar la segunda vuelta porque de lo contrario no se alcanzaría a realizar y ello conduciría a desconocer los derechos de los colombianos a elegir y ser elegido.

Que la Constitución Nacional en su artículo 265, numerales 1 y 6, modificado por el artículo 12 del Acto Legislativo 01 de 2009, establece que al Consejo Nacional Electoral corresponde ejercer la suprema inspección, vigilancia y control de la Organización Electoral y velar por el cumplimiento de los procesos electorales en condiciones de plenas garantías.

Que el artículo 11 del Código Electoral Colombiano, expedido mediante el Decreto número 2241 de 1986, dispone que "El Consejo Nacional Electoral tendrá a su cargo la suprema inspección y vigilancia de la organización electoral y en el ejercicio de estas atribuciones cumplirá las funciones que le asignen las leyes y expedir las medidas necesarias para el debido cumplimiento de estas y de los decretos que las reglamenten".

Que de conformidad con la Resolución número 3619 del 12 de diciembre de 2013, mediante la cual se establece el Manual de Funciones de las diferentes áreas del Consejo Nacional Electoral, le corresponde al Área de Comunicaciones, Encuestas y Relaciones Internacionales "(11) programar eventos internacionales y hacer seguimiento a las invitaciones que hacen los Organismos Internacionales Electorales a la Corporación, relativos a foros, conferencias, capacitaciones, eventos académicos y misiones de observación de elecciones en el exterior"; así como "(13) coordinar las actividades y requerimientos Nacionales e Internacionales que eleven oficialmente a la Corporación los organismos que pertenecen al Protocolo de la Uniore, Unasur, Capel, Ceela, ONU y demás organismos internacionales y electorales"; "(14) orientar y apoyar las relaciones y cooperaciones internacionales del Consejo Nacional Electoral con otros entes similares"; y "(15) coordinar los diversos eventos nacionales e internacionales a cargo del Consejo Nacional Electoral, tales como misiones de observación, talleres, seminarios, conferencias y demás que ordene la Presidencia; con el apoyo logístico de la Oficina Asesoría Administrativa, en lo que respecta a su competencia".

Que desde tiempo atrás, la observación electoral internacional ha sido reconocida como un mecanismo importante para asegurar la integridad electoral en los países y hoy en día goza de amplia aceptación mundial, al ayudar a mejorar la confianza del elector y a evaluar la legitimidad de los procesos electorales1.

Que las elecciones, son un proceso de Estado en el cual intervienen muchos actores y en ellas también participan observadores internacionales, especialmente cuando existen inquietudes sobre la falta de libertad o imparcialidad en una elección, para que la observación internacional pueda detectar y disuadir de manera efectiva la integridad y transparencia del proceso.

Que el día 17 de junio de 2018, la Registraduría Nacional del Estado Civil tendrá a su cargo la preparación y organización de los comicios electorales para las elecciones de Presidente y Vicepresidente de la República 2018, segunda vuelta, como ejercicio de la democracia representativa en el país, en los que tanto la Registraduría Nacional del Estado Civil como el Consejo Nacional Electoral tendrán la misión de desarrollar, dirigir y vigilar el proceso electoral con transparencia, eficacia, eficiencia y agilidad, propendiendo siempre por la disminución al mínimo posible de los riesgos que la dinámica política, social y cultural del país representan para el proceso electoral.

Que le corresponde al Consejo Nacional Electoral adelantar todas las gestiones logísticas y operativas para acoger la Misión Internacional que acompañará el proceso electoral de segunda vuelta presidencial.

Que con la participación de la organización internacional en el proceso electoral, se pretende dar al país un proceso con plenas garantías para todos y en esta medida dar tranquilidad, tanto a candidatos como a electores, de los resultados y de la transparencia e integridad electoral.

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 265 de la Constitución Nacional, el Consejo Nacional Electoral goza de autonomía presupuestal y administrativa.

Que de conformidad con el artículo 1º del Decreto número 3487 del 13 de septiembre de 2007, la gestión presupuestal de la Unidad Ejecutora del Consejo Nacional Electoral es ejercida por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Que de acuerdo a las atribuciones constitucionales y legales antes citadas, el Consejo Nacional Electoral solicitó al Gerente Administrativo y Financiero de la Registraduría Nacional del Estado Civil, mediante Oficio CNE-AA-0075-18, con radicado SIC número 021820 de fecha 26 de enero de 2018, realizar los trámites pertinentes para adicionar al presupuesto los recursos para atender las competencias asignadas al Consejo Nacional Electoral.

Que en dicho oficio se expusieron a título de justificación los aspectos legales y técnicos que se tomaron como base para solicitar los bienes y servicios necesarios para atender las competencias a cargo del Consejo Nacional Electoral en las elecciones de Senado de la República, Cámara de Representantes, Presidencia y Vicepresidencia de la República del año 2018, discriminando cada una de las medidas y actividades a realizar.

Que mediante Oficio GAF-41 del 29 de enero de 2018 y radicado 1-2018-007302, el Gerente Administrativo Financiero solicitó al Director General del Presupuesto Público Nacional el levantamiento del previo concepto para el rubro "otras trasferencias- previo concepto DGPPN" de RNEC, para Tribunales de Garantías y vigilancia electoral y apoyo tecnológico para escrutinios electorales, presupuesto componente electoral Consejo Nacional Electoral.

Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante Comunicación 2-2018003760 del 8 de febrero de 2018, autorizó el levantamiento previo concepto del rubro

1 Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral. The Future of International Electoral Observation: Lessons Learned and Recommendations, 1999.

"Otras Transferencias - Previo Concepto DGPPN", por valor de veintiún mil quinientos millones de pesos ($21.500.000.000) moneda legal.

Que el Consejo Nacional Electoral, mediante Comunicación CNE-AA-530-18 del 16 de mayo de 2018, suscrita por la Asesora Administrativa, con visto bueno de la Presidencia del Consejo Nacional Electoral, solicitó reprogramar los recursos aprobados mediante comunicación 2-2018-003760 del 8 de febrero de 2018 y realizar el traslado presupuestal por valor de novecientos ochenta y un millones doscientos sesenta y siete mil cuatrocientos noventa y seis pesos ($981.267.496) moneda legal, con el fin de atender los gastos relacionados con los Delegados del Consejo Nacional Electoral y la Misión de Observación Internacional, elecciones presidenciales 2018, segunda vuelta, según fue aprobado por la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral realizada el 8 de mayo de 2018.

Que de conformidad con el requerimiento efectuado, se hizo necesario reprogramar los recursos asignados y solicitar al Director General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante radicado 1-2018-046774 del 28 de mayo de 2018, el traslado presupuestal para aprobación, efectuado por la Registraduría Nacional del Estado Civil mediante Resolución 7542 del 28 de mayo de 2018, por valor de novecientos ochenta y un millones doscientos sesenta y siete mil cuatrocientos noventa y seis pesos ($981.267.496) moneda legal, de los cuales ochocientos ochenta millones de pesos ($880.000.000) moneda legal, corresponden a los gastos relacionados con la Misión de Observación Internacional.

Que el Coordinador del Grupo de Presupuesto de la Registraduría Nacional del Estado Civil, expidió el certificado de disponibilidad presupuestal número 318 del 28 de mayo de 2018, por valor de novecientos ochenta y un millones doscientos sesenta y siete mil cuatrocientos noventa y seis pesos ($981.267.496) moneda legal.

Que mediante oficio radicado 2-2018-017326 del 29 de mayo de 2018, el Director General del Presupuesto Público Nacional aprobó la Resolución número 7542 del 28 de mayo de 2018, "por la cual se efectúa un traslado en el presupuesto de funcionamiento de la Registraduría Nacional del Estado Civil - Consejo Nacional Electoral, para la vigencia fiscal de 2018", por valor de novecientos ochenta y un millones doscientos sesenta y siete mil cuatrocientos noventa y seis pesos ($981.267.496) moneda legal, con el fin de atender, entre otros gastos, las misiones de observación internacional para las elecciones de Presidente y Vicepresidente de la República 2018, segunda vuelta.

Que mediante el Oficio CNE-AA-0584-18 de fecha 5 de junio de 2018, el Asesor Administrativo del Consejo Nacional Electoral en ejercicio de la facultad atribuida en el artículo 1º de la Resolución número 3619 de 2013 expedida por el Consejo Nacional Electoral, radicó en la Gerencia Administrativa y Financiera de la Registraduría Nacional del Estado Civil, el componente técnico, en cual solicitó que de manera inmediata se empiece el trámite contractual para proveer el servicio de apoyo logístico para la realización de la Misión de Observación Internacional, elecciones de Presidente y Vicepresidente de la República 2018, segunda vuelta, teniendo en cuenta la proximidad de la fecha para llevar a cabo el proceso electoral y la logística que se debe adelantar para contar con la participación de la Observación Internacional en las elecciones que se llevarán a cabo el 17 de junio de 2018, y con ello garantizar la integridad y transparencia del proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 265 de la Constitución Política. De igual manera, se precisó que dada la fecha del proceso electoral, la Entidad no cuenta con el plazo indispensable para adelantar un procedimiento ordinario de escogencia de contratistas.

Que si bien el artículo 33 de Ley 996 de 2005, establece que "Durante los cuatro (4) meses anteriores a la elección presidencial y hasta la realización de la elección en la segunda vuelta, si fuere el caso, queda prohibida la contratación directa por parte de todos los entes del Estado", la misma disposición prevé excepciones de carácter taxativo, según las cuales "Queda exceptuado lo referente a la defensa y seguridad del Estado, los contratos de crédito público, los requeridos para cubrir las emergencias educativas, sanitarias y desastres, así como también los utilizados para la reconstrucción de vías, puentes, carreteras, infraestructura energética y de comunicaciones, en caso de que hayan sido objeto de atentados, acciones terroristas, desastres naturales o casos de fuerza mayor, y los que deban realizar las entidades sanitarias y hospitalarias". (Negrilla fuera del texto).

Que en relación con el alcance de los vocablos defensa y seguridad del Estado, la Sección Tercera de Consejo de Estado ha señalado que: "... la seguridad y la defensa nacionales constituyen sin lugar a dudas presupuesto material de la vigencia efectiva del orden constitucional. Sin embargo no existe norma alguna que defina estos vocablos. Se trata de conceptos que tienen distintas significaciones, en tanto varias nociones los informan...", siendo nociones que acusan cierto grado de relatividad, coyunturales y dinámicas que imponen la actualización de los mecanismos para su efectividad y que encuentran significado en los objetivos que se propone alcanzar el Estado en una época determinada, de suerte que su contenido jurídico no es inmutable sino que necesariamente sufre constantes transformaciones2.

Que, en ese mismo sentido, el Consejo de Estado en Sentencia radicada con el número 11001-03-26-000-2004- 0007-00 (26776) del 29 de agosto de 2012, C.P. Hernán Andrade Rincón, se refiere que: 2

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Auto del 1º de octubre de 2009, Exp. 36.805, C.P. RUTH STELLA CORREA PALACIO.

"La seguridad y la defensa nacionales constituyen sin lugar a dudas presupuesto material de la vigencia efectiva del orden constitucional. Sin embargo no existe norma alguna que defina estos vocablos. Se trata de conceptos que tienen distintas significaciones, en tanto varias nociones los informan. En caso de la seguridad, además, esta acusa cierto grado de relatividad según la "intensidad en los antagonismos", se trata igualmente de un "concepto dinámico" que impone la actualización de mecanismos para su efectividad y que encuentra significado en los objetivos que se propone alcanzar el Estado en una época determinada. Noción a la vez relativa y coyuntural, merced a que su contenido jurídico no es inmutable sino que necesariamente sufre constantes transformaciones.

En tanto "noción ambigua" es difícil de definir la seguridad, pues dependen del entorno de cada país (en Canadá por ejemplo suele ser asociada la estabilidad económica). Con todo, y aunque se trate de una noción en constante cambio según cada país, conviene agregar que se trata del concepto base sobre el que se construye la estrategia para proteger a los ciudadanos. El criterio conforme al cual la seguridad es apenas un conjunto de dispositivos para la guerra, está actualmente superado. La seguridad como garantía de los derechos y libertades, como presupuesto para la coexistencia pacífica entre el poder y la libertad (Hauriou) suponen otras lecturas que posibiliten que los infractores de la ley se reincorporen a la vida civil. En efecto, la paz en tanto valor (preámbulo constitucional), fin esencial del Estado (artículo 2º de la Constitución Nacional), derecho (artículo 22 de la Constitucional Nacional) y deber social (95.6 Constitucional Nacional), tiene en la rama ejecutiva su principal responsable (189,4, 303 y 315,2). De allí que en un estado democrático, el Gobierno puede adoptar diversos tipos de medidas que pueden oscilar entre la utilización de acciones coercitivas y las soluciones políticas".

(.) "Una visión sistemática de la seguridad y defensa nacionales impone la articulación dinámica de diversos elementos (no solo bélicos) con el entorno de violencia que agobia a la sociedad colombiana desde hace mucho tiempo. Asegurar la convivencia pacífica, base y razón de ser de la defensa y seguridad nacional, supone para el Estado la adopción de medidas que no siempre comportan la acción militar directa. En otros términos, la acción estatal en punto de seguridad no tienen que forzosa e ineludiblemente recaer en el empleo de las armas, ni en la estrategia militar o en el despliegue de fuerzas combatientes, sino también puede haber otros medios eficaces para garantizar la defensa y seguridad nacionales (...)".

(Negrilla fuera del texto).

Que en relación con la realización de los procesos electorales por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo de Estado en concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del 20 de febrero de 2006, Consejero Ponente, doctor Flavio Augusto Rodríguez Arce, radicación número 11001-03-06-000-2006-00023-00(1724), señaló que su realización se encuentra dentro del concepto de defensa y seguridad del Estado y, por consiguiente, se encuentra exceptuado de la aplicación del periodo de restricción de contratación directa que prevé la Ley 996 de 2005, así:

"...Lo expuesto significa que desde el punto de vista constitucional y legal existe un claro marco a partir del cual las autoridades deben determinar en forma razonable, qué conductas o situaciones por alterar el orden público, están afectando la "defensa y seguridad" del Estado, por atentar en forma grave contra el orden instituido y hacer cuando menos improbable el normal desarrollo de la vida comunitaria. Por ello, en términos institucionales, la ciencia política y el derecho constitucional, con posteriores desarrollos del derecho administrativo, vincularon el concepto de buen orden y todo lo que ello significa, a la política, a la preservación del orden constitucional y la plena vigencia del principio democrático, transformando, por ejemplo, la realización de los procesos electorales, en elementos determinantes para la subsistencia del régimen o sistema político, es decir, de la normatividad suprema necesaria para la defensa del orden público institucional.

En síntesis, garantizar que la Registraduría Nacional del Estado Civil pueda de manera directa proceder a la contratación de elementos de diversa naturaleza, necesarios para adelantar un determinado proceso electoral, dentro de un sistema democrático formalmente reconocido como tal, constituye un factor determinante para la existencia del mismo, y hace que necesariamente las medidas que se adopten para hacer posible la realización del proceso, deban enmarcarse dentro del concepto de seguridad, en protección del derecho constitucional a la participación democrática y, por consiguiente, del orden institucional, configurándose de esta manera una de las excepciones a la prohibición de contratación directa, consagradas en el inciso segundo del artículo 33 de la Ley 996 de 2005, bien sea que tal contratación se efectúe por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil, o de las Gobernaciones y Alcaldías, conforme a sus respectivas competencias en la materia, salvo para estos últimos, que se trate de convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos, pues en este caso opera una prohibición total, no excepcionable, contenida en el parágrafo del artículo 38".

Que siguiendo la jurisprudencia citada con anterioridad, la realización de los procesos electorales se enmarcan en el concepto de seguridad nacional, el cual se encuentra relacionado con la garantía de la convivencia pacífica de la población y con la vigencia efectiva del orden constitucional. Por consiguiente, los bienes y servicios requeridos para la participación de los observadores internacionales en el evento electoral a desarrollarse

el 17 de junio de 2018, conllevan a la defensa del sistema democrático, la protección del derecho constitucional a la participación democrática y, por consiguiente, al orden institucional.

Que por lo anterior, la Registraduría Nacional del Estado Civil debe recurrir a la contratación directa mediante la declaratoria de urgencia manifiesta, prevista en el literal a) numeral 4 de la Ley 1150 de 2007, y en el artículo 42 de la Ley 80 de 1993, reglamentada por el artículo 2.2.1.2.1.4.2 del Decreto número 1082 de 2015, para contratar los bienes y servicios requeridos para la realización de la Misión de Observación Internacional en las elecciones de Presidente y Vicepresidente de la República 2018, segunda vuelta.

Que teniendo en cuenta las necesidades plasmadas en el componente técnico desarrollado por el Consejo Nacional Electoral y la proximidad del evento electoral a adelantarse el 17 de junio de 2018, la Registraduría Nacional del Estado Civil no cuenta con el plazo necesario para realizar los procesos de licitación pública y/o de selección abreviada que normalmente debe adelantarse para escoger a los contratistas, de conformidad con lo definido en el artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, en el artículo 2.2.1.2.1.2.1 y siguientes del Decreto número 1082 de 2015, y en el Manual de Contratación de la Entidad, ya que estas modalidades de selección implican llevar a cabo una serie de etapas y requisitos que demandan mayores tiempos que oscilan entre 30 y 60 días hasta la suscripción del respectivo contrato, circunstancia que hace imperativo la utilización del mecanismo de la contratación directa, mediante la causal de urgencia manifiesta.

Que dadas las condiciones especiales del proceso electoral y en razón de la cuantía, no es posible adelantar la contratación con el contrato actual que celebró la Registraduría Nacional del Estado Civil con el objeto de contar con la participación de la misión de observación internacional en la primera vuelta (Contrato número 033 de 2018), teniendo en cuenta que al adicionarlo se estaría en contravía del parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 ya que excedería del cincuenta por ciento (50%) del valor inicial.

Que teniendo en cuenta que la Registraduría Nacional del Estado Civil, no cuenta con el plazo indispensable para adelantar el procedimiento ordinario de escogencia de contratistas, la contratación directa, mediante el evento de urgencia manifiesta, constituye el mecanismo idóneo para adelantar las contrataciones que se requieran para recibir a las misiones de observación electoral internacionales, herramienta fundamental para dar cumplimiento al deber de velar por el cumplimiento de los procesos electorales en condiciones de plenas garantías, de conformidad con lo establecido en el artículo 265 de la Constitución Nacional.

Que por lo anterior, la Registraduría Nacional del Estado Civil debe recurrir a la contratación directa mediante la declaratoria de urgencia manifiesta consagrada en el artículo 42 de la Ley 80 de 1993, para cumplir con la prestación de los servicios y funciones que le corresponden con ocasión de atender las competencias a cargo del Consejo Nacional Electoral en las elecciones de Presidente y Vicepresidente de la República, segunda vuelta, del próximo 17 de junio de 2018.

Que la urgencia manifiesta, es un mecanismo excepcional de contratación, concebido precisamente para aquellos casos que exigen una respuesta inmediata de la administración, en los siguientes términos:

"Artículo 42. De la urgencia manifiesta. Existe urgencia manifiesta cuando la continuidad del servicio exige el suministro de bienes, o la prestación de servicios, o la ejecución de obras en el inmediato futuro; cuando se presenten situaciones relacionadas con los estados de excepción; cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas y, en general, cuando se trate de situaciones similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección o concursos públicos. La urgencia manifiesta se declarará mediante acto administrativo motivado.

Parágrafo. Con el fin de atender las necesidades y los gastos propios de la urgencia manifiesta, se podrán hacer los traslados presupuestales internos que se requieran dentro del presupuesto del organismo o entidad estatal correspondiente".

Que respecto del concepto de la urgencia manifiesta la Corte Constitucional expresó que:

"La "urgencia manifiesta" es una situación que puede decretar directamente por cualquier autoridad administrativa sin autorización previa, a través de acto debidamente motivado. Que ella existe o se configura cuando se acredite la existencia de uno de los siguientes presupuestos: - Cuando la continuidad del servicio exija el suministro de bienes, o la prestación de servicios o la ejecución de obras en el inmediato futuro. - Cuando se presenten situaciones relacionadas con los estados de excepción. - Cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas y, - En general cuando se trate de situaciones similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección o concursos públicos"3.

Que el Consejo de Estado mediante sentencia del 27 de abril de 2006, manifestó que:

"Se observa entonces cómo la normatividad que regula el tema de la urgencia en la contratación estatal, se refiere a aquellos eventos en los cuales pueden suscitarse hechos 3

Corte Constitucional, Sentencia C-772 de 1998, 10 de diciembre de 1998. Magistrado Ponente: Fabio Morón Díaz.

que reclamen una actuación inmediata de la Administración, con el fin de remediar o evitar males presentes o futuros pero inminentes, provocados bien sea en virtud de los estados de excepción, o por la paralización de los servicios públicos, o provenientes de situaciones de calamidad o hechos constitutivos de fuerza mayor o desastres, o cualquier otra circunstancia similar que tampoco dé espera en su solución, de tal manera que resulte inconveniente el trámite del proceso licitatorio de selección de contratistas reglado en el estatuto contractual, por cuanto implica el agotamiento de una serie de etapas que se toman su tiempo y hacen más o menos largo el lapso para adjudicar el respectivo contrato, circunstancia que, frente a una situación de urgencia obviamente resulta entorpecedora, porque la solución en estas condiciones, puede llegar tardíamente, cuando ya se haya producido o agravado el daño. En estas estipulaciones, se hace evidente el principio de la prevalencia del interés general, en este caso, por encima de las formalidades de las actuaciones administrativas, puesto que si aquel se halla afectado o en peligro de serlo, el régimen jurídico debe ceder y permitir que las soluciones se den en la mayor brevedad posible, así ello implique la celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales de selección del contratista y aún, la ejecución de los mismos, sin que medie la formalidad del contrato escrito, si la gravedad de las circunstancias así lo exige"4.

Que teniendo en cuenta la obligación de garantizar, vigilar y controlar el proceso electoral a desarrollarse el 17 de junio de 2018 y en atención a la imposibilidad, por razones de tiempo, de seleccionar a los contratistas mediante los procesos ordinarios de selección dispuestos por la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, se requiere declarar la urgencia manifiesta, en aras de dar cumplimiento a la Constitución, teniendo en cuenta los recursos asignados para tal fin.

Que en razón a las causas y finalidades mencionadas y de conformidad con el componente técnico desarrollado por el Consejo Nacional Electoral, los bienes y servicios que se adquirirán por vía de la contratación directa en el marco de la declaratoria de urgencia manifiesta, son los siguientes:

Que en desarrollo del proceso de contratación directa, la Registraduría Nacional del Estado Civil debe garantizar los principios que rigen la contratación estatal, consagrados en los artículos 24, 25 y 26 de la Ley 80 de 1993, referentes a los principios de transparencia, economía y responsabilidad5.

Que la Circular Conjunta 014 del 1º de junio de 2011 de la Contraloría General de la República, Auditoría General de la República y de la Procuraduría General de la Nación, respecto de la urgencia manifiesta, señaló que:

"Con el fin de promover la utilización adecuada de la causal de contratación directa "UrgenciaManifiesta", se presentan las siguientes recomendaciones generales sobre el particular, que se invita a revisar:

- Verificar que los hechos y circunstancias que se pretenden atender o resolver con la declaratoria de urgencia manifiesta, se adecuen a una de las causales señaladas para el efecto en la Ley 80 de 1993, artículo 42.

- Confrontar los hechos, el procedimiento de contratación que se emplearía ordinariamente para resolverlos o atenderlos y los tiempos de gestión que implicaría adelantar el procedimiento de contratación correspondiente, frente a la inmediatez que exige la satisfacción del interés general.

- Declarar la urgencia manifiesta, elaborando el acto administrativo correspondiente. Para realizar la contratación derivada, pese a que no se requiere la elaboración de estudios previos ni la celebración de un contrato por escrito, resulta aconsejable:

* Determinar la idoneidad de quien celebra el contrato, más aún cuando los bienes a entregar, los servicios a prestar o las obras a realizar impliquen un grado de complejidad, responsabilidad social, manejo de información reservada o de seguridad que pueda afectar a la comunidad.

* Atender la normatividad que en materia de permisos, licencias o autorizaciones similares exista, constatando que para la ejecución del contrato se cuenten con las medidas de seguridad industrial, manejo ambiental y demás aspectos que puedan afectar su exitosa finalización.

* Verificar que el valor del contrato se encuentre dentro de los precios del mercado para el bien, obra o servicio.

* Designar un supervisor o interventor idóneo para ejercer las labores de seguimiento y control de lo pactado, de forma diligente y oportuna.

* Tener claridad y, preferiblemente, dejar constancia de las condiciones del contrato, especialmente de aquellas que resulten sustanciales: objeto, plazo, valor,

4 Consejo de Estado, Sentencia del 27 de abril de 2006, Expediente 14275. Consejero Ponente: Ramiro Becerra Saavedra.

5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Radicado interno 37.044, marzo 7 de 2011. Magistrado Ponente: Dr. Enrique Gil Botero.

obligaciones, habilidad del contratista, forma de pago, indemnidad y amparo pre-supuestal, entre otras1.

* Efectuar los trámites presupuestales de ley para garantizar el pago posterior de lo pactado.

* Elaborar un informe sobre la actuación surtida, que evidencia todas las circunstancias, conceptos o análisis que fundamentaron la declaratoria de la urgencia.

* Declarada la urgencia y celebrado el contrato, o contratos derivados de esta, se deberá poner en conocimiento de tal hecho, de forma inmediata, al órgano de control fiscal competente, remitiendo la documentación relacionada con el tema, para lo de su cargo".

Que la presente urgencia manifiesta, contempla las precedentes recomendaciones de los entes de control de la circular mencionada.

En mérito de lo expuesto, el Registrador Nacional del Estado Civil,

RESUELVE:

Artículo 1º

Declarar la Urgencia Manifiesta en la Registraduría Nacional del Estado Civil, para atender la situación de emergencia descrita en la parte motiva de este acto administrativo, que permita contar con la participación de la observación electoral internacional en las elecciones de Presidente y Vicepresidente de la República, segunda vuelta, que se llevarán a cabo el 17 de junio de 2018; herramienta fundamental para velar por el cumplimiento de los procesos electorales en condiciones de plenas garantías, de conformidad con lo establecido en el artículo 265 de la Constitución Política y el artículo 42 de la Ley 80 de 1993.

Artículo 2º

En consecuencia y dadas las circunstancias expuestas que demandan actuaciones inmediatas por parte del Consejo Nacional Electoral y para este caso específico, de la Registraduría Nacional del Estado Civil, celebrar los contratos necesarios que permitan atender las necesidades descritas en los considerandos de este acto administrativo, específicamente para los siguientes bienes y servicios, de conformidad con el componente técnico desarrollado por el Consejo Nacional Electoral, así:

Artículo 3º

Ordenar a la Gerencia Administrativa y Financiera adelantar los trámites precontractuales pertinentes para la adquisición de los bienes y servicios relacionados en el artículo 2º de la presente Resolución.

Artículo 4º

Disponer que por la Oficina Jurídica, se conformen y organicen los expedientes respectivos, con copia de este acto administrativo, de los contratos originados en la presente Urgencia Manifiesta, y demás antecedentes técnicos y administrativos, con el fin de que sean remitidos a la Contraloría General de la República, para el ejercicio del control fiscal pertinente, de conformidad con el artículo 43 de la Ley 80 de 1993.

Artículo 5º

La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial..

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 6 de junio de 2018.

El Registrador Nacional del Estado Civil,

Juan Carlos Galindo Vacha.

(C. F.).

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