Resolución organizacional número 0693 de 2019, por la cual se establece la Política Institucional de Discapacidad en la Contraloría General de la República
| Emisor | Varios - Contraloría General de la República |
| Número de Boletín | 50887 |
El Contralor General de la República, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, y
CONSIDERANDO:
El Contralor General de la República, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las previstas en los artículos 267 y 268 de la Constitución Política, y el Decreto-ley 267 de 2000, y
CONSIDERANDO:
Que la Constitución Política de Colombia en el artículo 2º, dispone que son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, así también determina que las autoridades de la República están instituidas para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.
Que el artículo 119 de la Constitución Política establece que "La Contraloría General de la República tiene a su cargo la vigilancia de la gestión fiscal y el control de resultados de la administración".
Que el artículo 267 de la Constitución Política, dispone que "El control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la nación. Dicho control se ejercerá en forma posterior y selectiva conforme a los procedimientos, sistemas y principios que establezca la ley".
Que el numeral 1 del artículo 268 de la Constitución Política, señala que el Contralor General de la República tiene la atribución de "Prescribir los métodos y la forma de rendir cuentas los responsables del manejo de fondos o bienes de la nación e indicar los criterios de evaluación financiera, operativa y de resultados que deberán seguirse".
Que el numeral 4 del artículo 268 de la Constitución Política, faculta al Contralor General de la República para exigir informes sobre su gestión fiscal a los empleados oficiales de cualquier orden y a toda persona o entidad pública o privada que administre fondos o bienes de la nación.
Que el Decreto-ley 267 de 2000, regula la organización y funcionamiento de la Contraloría General de la República, establece su estructura orgánica, fija las funciones de sus dependencias y dicta otras disposiciones.
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 6º del Decreto-ley 267 de 2000, en ejercicio de su autonomía administrativa le corresponde al Contralor General de la República, definir todos los aspectos relacionados con el cumplimiento de sus funciones en armonía con los principios consagrados en la Constitución y en el precitado Decreto-ley.
Que el artículo 35 del Decreto-ley 267 de 2000, establece en el numeral 2 como una función del Contralor General de la República la de adoptar las políticas, planes, programas y estrategias necesarias para el adecuado manejo...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba